Las posturas que han mostrado los candidatos a la presidencia y sus planes de gobierno respecto a la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y las personas LGTBIQ+ no han sido firmes ni han colocado como prioridad en sus agendas los derechos humanos de las mujeres, reflejándose así una falta de compromiso por trabajar en una política de igualdad e inclusión.

En esta contienda electoral 2021, revisamos los planes de gobierno de los principales partidos que lideran las encuestas para saber qué proponen sobre el derecho a una vida libre de violencia de género, la salud sexual y reproductiva, la participación política de las mujeres y, en general, sobre las políticas de igualdad.

Considerando la inestabilidad política que han generado determinados grupos políticos durante los últimos años y el actual contexto de pandemia que ha recrudecido la violencia de género, es fundamental leer los planes de gobierno a la luz de la Agenda 2030 y las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, entre los cuales figura la igualdad de género.

El Informe “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los Planes de Gobierno”, publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, revela que la igualdad de género ha sido uno de los ODS con presencia significativa en los planes de gobierno. Tal es así que doce de los planes hacen mención de la problemática de violencia contra la mujer y abordan propuestas de políticas para reducirla y eliminarla, pero solo cinco de ellos proponen soluciones claras y viables. En la mayoría de los casos, las propuestas vinculadas a la lucha contra la violencia de la mujer han tendido a ser más reactivas, en el sentido de mejorar mecanismos de denuncia y sanción; sin embargo, hay cierta escasez en el desarrollo de propuestas para la prevención.

No obstante, a pesar de la inclusión de propuestas que aborden la violencia y las brechas de género, es preciso destacar que aún hay dos temas poco desarrollados en los planes de gobierno: el acceso a la salud sexual y reproductiva y el embarazo adolescente. Para ambos casos, solo dos de los partidos que lideran las encuestas, Juntos por el Perú y Victoria Nacional, hacen alguna referencia al tema. Además, según el referido informe, Acción Popular ocupa el último lugar en la lista de partidos con propuestas relacionadas a la agenda 2030 de Naciones Unidas.

Hablando específicamente sobre la violencia de género y la salud sexual y reproductiva, organizaciones de las Naciones Unidas, como la UNESCO, el FPNU y ONU Mujeres, sostienen que una solución adecuada y sostenible contra la violencia basada en género es la educación de las y los jóvenes, siendo imperiosa una educación integral en sexualidad que promueva el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género, la salud y el bienestar, y que las niñas, niños y adolescentes lleven una vida segura e informada, donde aprendan a identificar toda forma de violencia de género y a prevenirla, pero también donde desarrollen capacidades y herramientas que cuestionen y repiensen las normas sociales y culturales que sustentan la discriminación estructural de género.

En ese sentido, resulta necesario que el próximo gobierno garantice un plan para erradicar la violencia de género, que incluya políticas de tolerancia cero en materia de acoso, agresiones sexuales y discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como políticas de acceso a una educación sexual integral a todas las niñas, niños y adolescentes.

Por ejemplo, Acción Popular desarrolla la propuesta de una política para mitigar la violencia familiar, principalmente la violencia contra la mujer, aunque no menciona para nada la palabra ´género´, y también plantea la castración química para los violadores; Victoria Nacional propone incrementar el número y el horario de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), especializar a los equipos de las comisarías que atienden casos de violencia física y sexual, e implementar un programa nacional para padres para prevenir los embarazos adolescentes; Juntos por el Perú propone el diseño de un programa nacional de educación sexual integral y la implementación de una educación con enfoque de género a todo nivel; Renovación Popular no menciona ni una sola propuesta sobre la violencia de género, incluso plantea eliminar el MIMP; Fuerza Popular señala propuestas para la atención a las mujeres víctimas de violencia, priorizando recursos económicos y de capital humano para acogerlas, e implementado las estrategias ´Foro Mujer´ y ‘Mujer Líder’, y sobre la educación menciona que esta debe estar regida por los padres; y, por último, Avanza País revalorará los derechos de las mujeres, pero no dice cómo ni menciona las problemáticas de embarazos adolescentes y violencia sexual.

La violencia de género es un problema manifiesto en el Perú. Solo en el 2020, los CEM atendieron un total de 97 926 casos por violencia contra las mujeres y se registraron 138 casos de mujeres que fueron víctimas de feminicidio; además, el MINSA reportó 1 181 casos de menores de 14 años que quedaron embarazadas producto de una violación sexual.

En ese sentido, en un país donde a diario somos testigos de casos de mujeres acosadas, violentadas y víctimas de feminicidio, nos preocupa que en la agenda de algunos candidatos no haya propuestas puntuales respecto a cómo afrontar la violencia contra las mujeres y que no aborden de manera integral esta problemática, dejando a las mujeres y diversidades en un sistema de indefensión.

Urge que las próximas autoridades electas implementen políticas para visibilizar y erradicar las causas estructurales que restringen la ciudadanía y los derechos de las mujeres, niñas, niños y personas LGTBIQ+, garantizar la igualdad de género y un Estado democrático y construir un país más justo para todas y todos.